La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un nuevo informe donde muestra una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 para los países de la región en el corto, mediano y largo plazo.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, entregó también los detalles de la propuesta, mediante conferencia de prensa virtual desde Santiago de Chile, sobre un ingreso básico de emergencia (IBE), que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación económica de cada país.

Los gobiernos de los diferentes países deben garantizar ransferencias monetarias temporales inmediatas, para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida, dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva, particular y específica en cada y nación.

El informe propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza o costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas, durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020, lo que representa unos 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional, agrega que en este escenario de mayor desigualdad, amplios estratos de la población regional viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y vulnerabilidad ante las pérdidas de ingresos laborales, por tal motivo, alrededor del 10% de los 11,8 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza en 2019 vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema.

Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social/fiscal, dijo finalmente la secretaria ejecutiva en su intervención virtual.

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